Los pueblos indígenas transfronterizos son víctimas de la militarización, tráfico de drogas y sobreexplotación de sus recursos naturales, según un estudio de la ONU sobre estas minorías étnicas en Bolivia, Ecuador y Perú. La representante regional de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), Carmen Rosa Villa, quien presentó el informe, afirmó que estos problemas "han constituido en una grave disminución de los ejercicios de los derechos de los pueblos indígenas".
La situación de los grupos indígenas "se agrava con la militarización creciente, la criminalización de las protestas y demandas populares, incluyendo las efectuadas por las organizaciones indígenas", señaló el estudio que se titula "¿Qué está pasando con los derechos de los pueblos indígenas?".
"Los pueblos indígenas que viven en zonas fronterizas enfrentan desafíos adicionales derivados del narcotráfico, la militarización de sus territorios y la pérdida de sus espacios de desarrollo y reproducción social, cultural y económica", agregó el texto.
El informe subrayó que los indígenas también son víctimas de hostigamientos asociados a la exploración y explotación de los recursos naturales, lo que contribuye "al etnocidio de los pueblos y civilizaciones milenarias, algunas de las cuales viven aún en aislamiento voluntario".
Por ejemplo, en el caso de Perú, donde el 55 por ciento de las 6.000 comunidades campesinas están siendo afectadas por la minería y aumentan los conflictos sociales, las concesiones mineras crecieron 87,7 por ciento entre 2002 y 2007, explicó el informe.
A pesar del crecimiento económico registrado en los tres países, el documento insiste en que los indígenas y en especial las mujeres viven en situación de extrema pobreza, marginación y discriminación, sin acceso adecuado a la salud, educación, aunque destaca avances en sus capacidades de organización y representación frente al Estado.
En los tres países andinos "se dan los indicadores más bajos de educación, salud y nutrición en las zonas rurales. Además, hay discriminación de género por razones de orden económico y cultural que genera un tratamiento desigual de las niñas y dificulta su acceso a servicios básicos", precisó.
Por su lado, la Defensora del Pueblo de Perú, Beatriz Merino, recordó que en su país existe "una débil comprensión de la diversidad cultural y escasa preparación para el diálogo intercultural entre los actores confrontados: el Estado, las empresas, las organizaciones y la sociedad civil".
Asimismo, criticó que en Perú los pueblos indígenas no tengan acceso a una educación adecuada, especialmente bilingüe e intercultural, a servicios de salud, y a mecanismos de consulta sobre sus tierras y recursos.
En ese sentido, la Defensora recalcó que el informe de la ONU representa una "hoja de ruta para que los países comprendidos en el informe lleven adelante este estudio sobre las prácticas, obstáculos y desafíos a la implementación de las recomendaciones del relator especial para los Derechos Humanos y Libertades" y de otros instrumentos de la ONU.
El documento, que fue elaborado por la OACNUDH, el Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), concluye que las medidas y estrategias a adoptar son "complejas y de largo plazo".
Además, recomienda conocer mejor las sugerencias del relator especial y los instrumentos para la defensa de los derechos de los indígenas.
El estudio -presentado también por el coordinador en Perú del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Jorge Chediek, y el representante de Unicef en Perú, Guido Cornale- insta a un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, una mayor atención en el enfoque de género, mejor registro de estadísticas sobre los pueblos indígenas, entre otros.
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